Casos Recientes

A continuación exponemos diferentes casos reales en las diferentes áreas que trabajamos, que recientemente hemos solucionado en nuestro despacho

Tráfico

 

1.- Indemnización por accidente de tráfico

Serafín M.C. de 65 años de edad vino  a mi despacho, aquí en Murcia, porque había sido víctima de un atropello por un vehículo mientras estaba cruzando por un paso de peatones regulado por semáforo. A consecuencia de dicho  atropello fue trasladado de urgencia al hospital, donde fue operado por rotura de cadera y de varios traumatismos. Permaneció ingresado 20 días en el hospital, teniendo posteriormente una lenta y dolorosa  rehabilitación  que finalizó  casi 6 meses después, quedándole importantes secuelas para el resto de su vida.

La compañía aseguradora afirmaba que mi cliente tenía parte de culpa o responsabilidad en el atropello sufrido alegando que Don Serafín M.C. había cruzado antes de estar verde para peatones, ofreciéndole por ello una indemnización de 7.435  €.

Estudiado el caso, y toda la documentación que tenía mi cliente, negocié con la compañía aseguradora, acreditando que Serafín M.C. no tuvo culpa alguna en el atropello, ya que actuó y cruzó correctamente y por el paso señalizado. Finalmente,  la compañía aseguradora aceptó indemnizar a Serafín M.C. con la cantidad de 15.000 €. Es decir, conseguí que mi cliente cobrará 7.565 € más que la indemnización ofrecida inicialmente por la compañía aseguradora.

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2.- Denuncia por accidente de tráfico

Mi cliente, Félix F. L., circulaba con su ciclomotor de forma correcta por una céntrica calle de Murcia, cuando de repente un conductor que acababa de aparcar su coche en el lado derecho de la acera, abrió la puerta del vehículo, justo cuando mi defendido pasaba a su altura. Félix no sólo cayó de su moto causándose graves lesiones, sino que además, en el impacto la puerta del coche quedó dañada.

Por supuesto, mi defendido denunció los hechos, pero el conductor del coche alegó que era Félix quien circulaba incorrectamente, demasiado cerca del acerado y de los coches aparcados, que fue el motorista quien sufrió el despiste, y, por ello, reclamaba, a su vez, el pago de la reparación de su puerta.

Mi postura, en cambio, y de acuerdo con el relato de mi cliente, era justo la opuesta. Félix circulaba por su carril y la imprudencia la cometió el conductor del coche, quien abrió la puerta sin antes mirar si se aproximaba alguien. Por ello, reclamábamos la reparación del ciclomotor en concepto de daños, y como indemnización por lesiones, los días de baja impeditivos, más los no impeditivos, a lo que había que sumar las secuelas restantes. Todo ello aumentado en función del nivel económico de mi defendido, tal y como establece la norma por la que se regula el cálculo de estas indemnizaciones.

El apartado del cálculo de la indemnización fue la más fácil, puesto que contábamos, además de con los partes médicos de urgencia y del tratamiento de las lesiones, con un informe pericial, que fue ratificado en sede judicial. De esta forma, el perito médico acudió al acto de juicio para explicar su informe y responder a las preguntas que, sobre el mismo, le quisieron hacer tanto el juez como el resto de partes.

Pero fue el aspecto fáctico el problemático. La determinación y prueba de lo que realmente ocurrió y de quién era la responsabilidad del accidente. Aquí es donde se puede ver la diferencia entre contar con un profesional con experiencia en esta especialidad y no hacerlo.

El examen de los testigos fue esencial. Saber cómo preguntar a las personas que presenciaron los hechos, para que al juez no le cupiese duda alguna sobre como acontecieron. Luego hubo que saber encajar esas declaraciones con el atestado de la policía, y por último, un perito expuso cómo las pruebas y los indicios comprobables tras el accidente, no dejaban lugar a dudas de que la postura de mi cliente coincidía exactamente con la realidad de lo sucedido.

El resultado final fue que la sentencia dio por buena la versión de los hechos relatada por mi cliente, Félix F. L., quien fue indemnizado con algo más de 24.000 €, viendo satisfechas todas sus exigencias.

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3.- Juicio por accidente de tráfico

Hace unos meses acudió a mi despacho, especializado en reclamaciones por accidentes, José A. F. para consultarme su caso: unos meses antes tuvo un accidente en el que un vehículo, conducido por Manuel G. C., impactó con un segundo vehículo que fue desplazado hasta golpear al suyo, mientras se encontraba detenido ante un semáforo.

Eso le provocó un fuerte golpe en el hombro con graves dolores, por los que fue trasladado al centro hospitalario más cercano. Sus lesiones, tras una primera asistencia en los servicios de urgencia, requirieron una posterior asistencia médica, en la que se le diagnosticó la lesión de Bankart, prescribiéndole un tratamiento de rehabilitación que José A. F. observó de forma estricta.

Tras el tratamiento de rehabilitación a mi cliente le aquejaban las secuelas, consistentes en la disminución funcional de su hombro derecho, a tenor de lo cual me planteó si él tendría derecho a reclamar a Manuel G. C. y su compañía aseguradora la indemnización que hasta ese momento le había sido negada.

Le informé a José A. F. de que, a tenor de la información que me había trasladado, sí tenía derecho a exigir una indemnización por los daños sufridos, y le trasladé la confianza necesaria para que dejara el asunto en mis manos de cara a plantear la reclamación correspondiente, tanto al causante del accidente como a su compañía aseguradora.

El primer paso fue presentar denuncia penal ante el Juzgado competente para solicitarle que acordara la intervención de un médico forense que informara del alcance de las lesiones de mi cliente.

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Derecho laboral

 

1.- Indemnización por despido

Rafael G.S. acudió a mi despacho a principios de Marzo del año pasado para plantearme su problema sobre indemnizaciones por despido en Murcia: Había estado trabajando durante más de ocho años para una empresa como encargado de una tienda de venta al público de productos de refrigeración y calefacción. Unos días antes había recibido una carta de despido que indicaba que el despido era disciplinario por una infracción grave por transgresión de la buena fe contractual.  En concreto, según la empresa en que trabajaba Rafael G.S., unos meses antes se habían llevado a cabo unas obras en el local de la empresa y las mismas habían sido encargadas por Rafael a una empresa de reformas propiedad de su hermano, con la finalidad de favorecer a este en perjuicio de la empresa.

Rafael me aseguró que, a la hora de realizar las obras, se pidieron distintos presupuestos y que el más interesante para la empresa fue el de su hermano, y que estos hechos se conocieron y aprobaron, aunque fue verbalmente, por el gerente de la empresa. Él consideraba que realmente se trataba de una excusa empleada por su empresa paras despedirlo no sabía por qué motivos.

Le indiqué a Rafael desde un primer momento que me parecía en efecto una maniobra de su empresa para ahorrarse la indemnización por despido improcedente. Esta indemnización,considerando los datos que mi cliente nos facilitó sería la siguiente:

Al tratarse de un contrato indefinido con inicio el 05.07.2005 (fecha del contrato de trabajo) y con fin el 27.02.2014 (fecha en que produjo sus efectos el despido conforme a la carta recibida), considerando que al momento del despido el suelo bruto que recibía Rafael era de 32.000 euros anuales recibido en 14 pagas, le correspondería, por un primer periodo: hasta 12/02/2012 (fecha de la reforma laboral) una indemnización calculada de 25.972,60 €, que serían 45 días por año trabajado con máximo de 42 meses.

Por un segundo periodo, desde 12/02/2012 –fecha de la reforma laboral-, le correspondería una indemnización de 6.027,40 €, correspondientes a una indemnización de  33 días por año trabajado con un máximo de 24 meses. Ello haría una indemnización por despido total de32.000,00 €, a la que habría que sumar el salario del mes en que se produjo el despido de2.057,14 €, la parte proporcional de pagas extra, 732,44 €, la parte correspondiente a vacaciones que asciende a 363,21 €, lo que haría un finiquito Bruto Total ascendiente a 35.152,79 €.

Dentro del plazo legalmente previsto presenté una demanda de conciliación ante el organismo público competente para intentar alcanzar un acuerdo con la empresa. Este es un trámite preceptivo que hay que realizar necesariamente para después poder demandar en los Tribunales. La empresa no acudió al acto de conciliación y, por tanto, se tuvo por intentado el acto sin haber logrado su efecto.

A continuación presenté demanda por despido improcedente ante los Juzgados de lo social. En el acto del Juicio, con las declaraciones de las partes y los testigos y la documentación que pudimos aportar y la que requerimos a la empresa, pudimos convencer al Juez de que, en efecto, nuestro cliente no había actuado con mala fe en ningún caso, sino que, al contrario, había realizado su trabajo con la diligencia necesaria, buscando en todo momento el interés de su empresa. Si contrató los servicios de la empresa de su hermano para las reformas realizadas en el local de la empresa fue porque su presupuesto era el mejor entre los distintos que se presentaron, y en todo momento con el conocimiento y la aprobación de la gerencia de la empresa, aunque ahora interesadamente lo negaran.

Por tanto el procedimiento terminó por una sentencia judicial que declaró el despido como improcedente y condenó a la empresa a pagar la indemnización correspondiente reclamada que ascendía a 35.152,79 €. Mi cliente quedó muy satisfecho pues logró la mejor indemnización posible gracias a mi actuación.

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2.- Accidente laboral

En el caso concreto de Paula I. F., la manera legal de poder resarcir sus pretensiones era por medio de una adecuada solicitud ante la Seguridad Social, en los términos de solicitar que se estableciese a su favor una prestación por incapacidad temporal, ya que la trabajadora se encontraba con tratamiento sanitario por las lesiones sufridas en su pierna y aún no había sido dada de alta.

La clave de que Paula I. F. pudiera acceder a este derecho era que las lesiones se habían producido por un accidente de trabajo “in itinere”, por lo que la normativa de prestaciones no exige un periodo de pagos anteriores (cotizaciones) a la Seguridad Social.

Si, por ejemplo, el accidente se hubiera producido bajando las escaleras de su casa un domingo cualquiera, debería haber tenido, para poder obtener la indemnización, un total de 180 días cotizados dentro de los últimos 5 años anteriores a la producción del accidente; requisitos que no cumplía, dado que había obtenido el puesto de trabajo hacía unos tres meses aproximadamente.

La anterior circunstancia de la existencia de un accidente de trabajo tuvo que ser cuidadosamente argumentada y acreditada ante la Administración Pública, ya que ésta era en un principio reacia a conceder tal pago. Pero finalmente, ante la evidencia, terminó dando la razón a Paula, concediéndole con ello una prestación acorde a sus necesidades.

Teniendo en cuenta que el sueldo de la trabajadora eran 1.300€ brutos al mes, le correspondía una prestación del 75% sobre esa cuantía, es decir 975€ mensualesdurante el tiempo que durara la baja, y limitado en principio a un periodo máximo de un año. Con ello se consiguió la correcta protección de la trabajadora, que como consecuencia de tener la pierna impedida y de los fuertes dolores ocasionados por la fractura, no podía acudir a trabajar y obtener su sueldo de la manera acostumbrada.

Resulta ser de una gran satisfacción para cualquier abogado especialista en accidentes laborales de Murcia poder ver cómo se hace justicia ante casos como el presente.

La otra cara de la moneda del asunto es que el accidente, además de ser calificado como accidente de trabajo, debía también ser considerado como un accidente de tráfico. Hecho totalmente resarcible, por cuanto que ella no había tenido ningún género de culpa en el acontecimiento del siniestro, y dados, por supuesto, los daños físicos y materiales que sufrió.

Debido a la producción del accidente, la Guardia Civil levantó el oportuno atestado, en donde quedaban consignadas todas sus circunstancias (lugar, forma de producción, vehículos implicados, intervinientes, etc…). Este fue presentado por los agentes al juzgado, que por el término municipal donde ocurrió correspondía, por competencia territorial, a los juzgados de Murcia.

La actuación adecuada aquí era denunciar penalmente por la comisión de una falta al conductor causante del accidente. Pese a que pueda parecer algo contundente la afirmación, lo cierto es que lo que se busca realmente es una indemnización civil dentro del proceso penal del juicio de faltas, esto es, una cantidad que sirviera para satisfacer las lesiones ocasionadas a Paula I. F. y que costeara, a su vez, la reparación del vehículo.

Hay que indicar que es muy importante estar atento al plazo de prescripción de la falta por accidente de tráfico, que es de 6 meses desde la producción del accidente. Si uno no está al tanto de este plazo y no se persona en las actuaciones y denuncia al culpable del accidente a su debido tiempo, sólo cabrá la alternativa de la jurisdicción civil, que resulta ser mucho más costosa, porque hay que pagar tasas judiciales y porque cualquier prueba pericial debe ser abonada de parte.

Teniendo en cuenta todas estas circunstancias, finalmente, en representación y defensa de mi cliente, acudí al juzgado dentro del plazo legal anteriormente indicado, y tras una correcta tramitación de los autos se señaló día para la celebración del juicio. En dicho acto quedaron perfectamente acreditadas la culpabilidad del infractor y la negligencia que ocasionó los daños a Paula I. F.

Finalizado el pleito por sentencia estimatoria, el juez estableció una indemnización de 2.550,01€, en virtud del informe de sanidad, así como la restitución del pago de la factura que había tenido que soportar previamente por la reparación del vehículo, que ascendía a la suma de 1.000€. En conclusión, pudo obtener en vía judicial una cantidad total de 3.550,01€.

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3.- Los riesgos del amianto

Me gusta poner un ejemplo claro en estos temas. Los primeros casos que tuve eran de manual. Todavía me acuerdo de Jorge G.P. que con 56 años de edad fue diagnosticado de cáncer de pulmón. Jorge G.P. había trabajado durante varios años en una fábrica en la que se manipulaba el amianto como materia prima. Sin embargo la empresa no le atendió de forma adecuada, no haciéndose cargo de la enfermedad como enfermedad laboral.

Ante la impotencia y el desamparo con el que se enfrentaba, Jorge G.P. buscó un abogado especialista en estos temas y así fue como me encontró. Se presentó una mañana en mi despacho con su historial médico y su vida laboral. Había trabajado desde los 18 años hasta los 30 manipulando de forma directa piezas industriales hechas en amianto.

Y de la documentación que me aportó resultaba patente que la empresa no había implantado ninguna de las medidas que la ley exigía entonces en su totalidad. Según la dirección de la empresa, nunca habían tenido un caso de cáncer en sus instalaciones. En concreto alegaban las concesiones administrativas y distintas licencias y permisos que tenían, todos ellos anteriores a la entrada en vigor de la nueva regulación.

Por mi parte, constaté que la variedad de cáncer que tenía Jorge G.P. era una de las más comunes que reconocía la Organización Mundial de la Salud en su informe de amianto y riesgos. Así las cosas, realizamos las pruebas médicas conducentes a certificar la causa de la enfermedad, que no era otra que el continuo contacto directo que había tenido Jorge G.P. con el amianto en su lugar de trabajo.

De la misma manera constaté que la empresa no había cumplido de forma efectiva ninguna de las medidas de seguridad laboral a las que estaba obligada por ley. Tampoco había dado la formación necesaria a los trabajadores. Contacté con la empresa para tratar de llegar a un acuerdo y les expuse llanamente que la enfermedad de Jorge G.P. tenía su origen en las condiciones de trabajo que había tenido. Igualmente les trasladé que había constatado su falta de celo y en las medidas en defensa de la salud de los trabajadores.

Tras todo esto la empresa hizo una oferta de indemnización de 50.000 €. Más allá de la indemnización, la gravedad de las consecuencias que la falta de observancia de las medidas a aplicar produjo a Jorge G.P. eran, en todo caso, irreversibles.

Todo ello hizo que le aconsejara entablar juicio contra la empresa para defender sus intereses y conseguir la máxima indemnización posible.

Finalmente la empresa fue condenada a pagar a Jorge G.P. una indemnización de 217.000 € lo que suponía 167.000 € más de lo que le habían ofrecido en un principio.

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Familia

 

1.- Divorcio de mutuo acuerdo

La mejor manera de comprender el proceso de divorcio es estudiar un caso real. María T. T. y Daniel D. P. tenían claro lo que querían hacer, poner fin a su matrimonio, pero no había manera de que estuvieran de acuerdo acerca de cuál viviría con los niños (tenían dos niños pequeños, de 6 y 3 años).

Téngase en cuenta que las familias y su forma de convivencia no son hoy como lo eran hace varias décadas en España. Si bien antes eran las madres las que más encima estaban de los hijos, hoy día también los padres se implican a fondo en su educación. Por eso, los tribunales han empezado a reconocer la custodia a los varones, es verdad que en un porcentaje todavía no muy alto, e incluso a autorizar la custodia compartida.

Tras una entrevista con la pareja me di cuenta de que esta opción, la de la custodia compartida, no era aconsejable para ellos. Aunque se respetaban, los dos eran absolutamente diferentes y no se llevaban nada bien. Como Daniel D. P. tenía un trabajo más exigente, de muchas horas, con desplazamientos largos en ocasiones, les dije que lo ideal sería que acordaran que María T. T. tuviera la custodia de los dos niños. Ella sólo trabajaba por las mañanas, lo que le permitiría pasar las tardes con ellos, como hasta ahora.

A Daniel D. P. le costó aceptar esa posibilidad. Pero tampoco a la madre le resultó fácil ceder en los fines de semana que los hijos pasarían con su padre, dos al mes, además de la mitad de las vacaciones de verano. Respecto al resto de vacaciones, se dividieron las Navidades por días, Semana Santa correspondería a María T. T. y otros festivos a Daniel D. P.

Como poseían dos inmuebles, el piso familiar y un apartamento, en ese momento sin alquilar,María T. T. y los niños seguirían viviendo en el mismo sitio y Daniel D. P. se trasladaría al apartamento.

En las reuniones que tuvimos, seis en total, se manejaron varias cantidades en concepto de los alimentos que el padre pagaría mensualmente a los hijos. Al final se fijó en 500 €.

Ellos no sabían el coste de un divorcio de mutuo acuerdo en Murcia. Pensaban que podría alcanzar los 2.000 € o 3.000 €. Les expliqué que eso era lo que costaba, de media, un divorcio con proceso contencioso. En su caso, les costó menos de 600 €.

Como el convenio regulador estaba muy bien detallado en todos sus aspectos, fue aceptado por el Juez sin salvedades. Así, puede decirse que se ahorraron más de 1.500 €.

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2.- La historia de una separación

Todo comenzó hace algunos veranos cuando, después de estar felizmente casado, me di cuenta que mi esposa no era quien pretendía ser. Al principio era una mujer guapa y encantadora.

Trabajaba como secretaria al servicio del cónsul de un país latinoamericano y no nos iba nada mal a nivel económico.

Hasta que un día tuvo un accidente con su coche, que quedó destrozado. Independientemente de tener que lidiar con trámites de seguro y hospital, un abogado de accidente de tráfico nos supo orientar para tomar el mejor camino. Así que pronto salimos de ese problema.
Sin embargo,dado que tuvo que guardar reposo algunas semnas, las cosas se tornaron muy amargas.
Ella pasaba casi todo el tiempo jugando con el ordenador y no escuchaba cuando le hablaba. Es como si me hubiese dejado solo.

Aparte de todo esto, se volvió irritable y se enfadaba con mucha facilidad. Para mí esta situación era detestable porque la mujer de mi vida me atacaba cada vez que podía.
El calor que no encontraba en mi casa, de pronto lo encontré en el vodka, que parecía darme lo que necesitaba.
Por supuesto esto era sólo una ilusión. Cuando desperté me di cuenta de que era tiempo de recurrir a los abogados.
Por más que lo intentamos, ella no respondió. Y lo peor fue que lo tomó por el peor camino posible y enfrentamos una larga y dolorosa batalla legal.

La situación era tan mala que incluso pensé en hablar con un abogado penalista, cosa que nunca sucedió porque vi que eso sólo podría peores las cosas. Así que las cosas continuaron. Ella se curó totalmente de su accidente y yo vi que el amor que nos unía se había roto hasta el punto de ser imposible arreglarlo.

El proceso duró algunos meses, pero gracias mi abogado de separación en Murcia, pude salir adelante y comenzar una nueva vida, en la que las cosas no son amargas, tengo un nuevo empleo y poco a poco los fantasmas que dejaron huellas dolorosas en mi vida, se fueron desvaneciendo para siempre.

 

Herencias

1.- Testamento vital

A mi despacho en Murcia acudió Ramón V. L. con un asunto en el que, sin perjuicio de mi profesionalidad, no pude por menos que conmoverme. Ramón V. L., de 42 años, me contó que recientemente le habían diagnosticado cáncer de colon (dos meses atrás) con ocasión de un chequeo rutinario. Tan avanzada se encontraba su enfermedad que su esperanza de vida era de entre 10 meses y un año desde que acudió a mi despacho.

Ramón V. L.sabía que su deterioro físico en los próximos meses sería evidente y quería informarse acerca de si era posible cumplir, de alguna forma legal, sus deseos para cuando el momento se acercara: no quería que sus constantes vitales se mantuvieranartificialmente, pero sí que sus órganos válidos fueran donados, y que cuando el desenlace fuera inminente, en cuestión de 24 horas, fuese trasladado a su domicilio para descansar en paz allí, rodeado de sus familiares.

Como profesional en la materia mi obligación básica es el conocimiento de la Ley, y la norma que regula esta materia en la región de Murciaes el Decreto 80/2005, de 8 de julio, que promulga el Reglamento de Instrucciones Previas y su Registro. Las opciones que dicho texto legal permite son: la realización del testamento vital ante el funcionario encargado del Registro en cuestión para, posteriormente, su incorporación a este; la firma ante Notario; y la firma ante tres testigos con capacidad suficiente.

Ramón V. L. eligió la primera de ellas. Yo mismo redacté el documento, contacté con el Registro de Instrucciones Previas a fin de consignarlo y envíe copia para su revisión. Por supuesto, acudí con Ramón V. L. a la firma de dicho documento, a fin de que no existiera preocupación alguna por su parte.

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2.- Ejemplos de declaración de herederos

Primero.- María G. P. requirió mis servicios profesionales porque su padre había fallecido y no sabía si había otorgado testamento. Para ello solicité el Certificado de Últimas Voluntades, y pude comprobar que el padre de mi clienta sí había otorgado testamento en escritura pública. Por lo tanto, la sucesión se llevó a cabo conforme a lo estipulado por el fallecido en su testamento.

Como el testamento era válido, tanto en su forma como en sus disposiciones, mi clienta y el resto de herederos pudieron aceptar la herencia.

Aquella sucesión se llevó a cabo conforme a lo que el causante había querido y había dejado reflejado en su testamento. Mi clienta percibió 150.000€,más de lo que recibieron sus hermanos, ya que su padre le había dejado a ella el tercio de mejora, por ser la que le había cuidado durante sus últimos años de vida.

Segundo.- El siguiente caso me lo trajo al despacho Martín R. T., que debido a que su padre había fallecido y no había otorgado testamento, no sabía el procedimiento a seguir para llevar a cabo la sucesión. En primer lugar, solicité el Certificado de Últimas Voluntades, donde constaba que el padre de mi cliente no había otorgado testamento ante Notario; por lo tanto, la sucesión se haría conforme a lo establecido en el Código Civil.

Para hacer la declaración de herederos en escritura pública, mi cliente tuvo que aportar la siguiente documentación: certificado de defunción de su padre, certificado de últimas voluntades, certificado de nacimiento, tanto de él como de sus dos hermanos, certificado de matrimonio de sus padres y documento nacional de identidad del causante.

Además, tuve que emplazar a dos testigos para que acudieran a la Notaría en el momento de la firma de la declaración de herederos, y corroboraran que las circunstancias personales y familiares del fallecido eran verdaderas. Para ello, requerí a dos vecinos del causante.

Una vez aceptada la herencia por todos, mi cliente y el resto de herederos procedieron a partir la herencia y a liquidar el impuesto de sucesiones. Cada uno de los herederos recibió 22.500€, que era la cantidad que les correspondía.

Tercero.- El protagonista del siguiente caso es Lucas G. H., que requirió mis servicios profesionales como abogado para que le asesorara respecto a la sucesión de su madre, que había fallecido sin otorgar testamento, pues había discrepancias con el resto de herederos en cuanto a los bienes que debían ser repartidos.

Lo primero que hice fue solicitar el Certificado de Últimas Voluntades, donde constaba que la madre de mi cliente no había otorgado testamento. La declaración de herederos, junto con el certificado ya mencionado y el resto de documentación alegada en el ejemplo anterior, la presenté ante el Juzgado de Primera Instancia del lugar del último domicilio del causante.

Además de esta documentación, requerí el testimonio de dos vecinos de la fallecida, para que verificaran su situación personal y familiar. Una vez que el Juez estudió el caso, confirmó la declaración de herederos, y mi cliente y el resto de familiares pudieron aceptar la herencia y proceder a su partición. Por ello, recibió 6.800€ cada uno de ellos.

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3.- Donación en vida

Un buen ejemplo sería el de mi cliente Francisco C.G., de San Javier (Murcia), quien contaba con un patrimonio constituido por su vivienda habitual, valorada en 350.000€, dinero en metálico por valor de 500.000€, así como un terreno urbanizable valorado en 50.000€. En total, por lo tanto, un caudal por un valor de900.000€. Además, el causante contaba con una pensión de 2010€ mensuales y un fondo de pensiones privado que le reportaba otros 3.000€mensuales.

Francisco C. G. era viudo y tenía dos hijos; uno de ellos contaba ya con una vivienda familiar, mientras que el otro estaba pensando en adquirirla. El cliente acudió a mi despacho para que le asesorase sobre la posibilidad de llevar a cabo unadonación en vida para ayudar a su hijo, y queéste no tuviese que endeudarse con un banco.

En este supuesto la donación resultaba una buena opción, teniendo en cuenta que la adquisición deun solaren el que vaya a construir su vivienda habitualtendrá una reducción propia en la base imponible del 99% del valor real del inmueble. La misma reducción se aplicaráa las donaciones dinerariasdestinadas a la adquisición de una primera vivienda, por lo que se trataría de dos reducciones distintas.

Así las cosas, se donó al hijo que se encontraba mejor económicamente el solar valorado en50.000€,más otros250.000€ en metálico para la construcción de la vivienda. Al mismo tiempo de formalizar la escritura pública, también otorgó testamento constituyendo a los hijos como herederos por partes iguales por el resto de los bienes que quedasen,no siendo la donación inoficiosa, por lo tanto.

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Cálculo de indemnizaciones

 

1.- Indemnización por accidente

Como experto abogado llevo muchos años y sé muy bien como calcular la indemnización por accidente. Hace algún tiempo acudió a mi Rafael P.S., porque la aseguradora se negaba a pagarle la indemnización por su accidente. Es obligación del asegurado notificar a la compañía el siniestro dentro de los 7 días siguientes. Y es obligación de la aseguradora pagar la indemnización en los 3 meses siguientes al siniestro. 

Pero la aseguradora se negaba a pagar porque sostenía que no se le había notificado en tiempo el accidente de tráfico. Rafael P.S., confeccionó el parte amistoso de accidentes, pero el otro implicado se negó a firmarlo y se dio a la fuga. Gracias a que rápidamente me llamó, le aconseje que llamara a la policía para que se personase.

Cuando los agentes acudieron se encontraron que efectivamente el coche de Rafael P.S., tenía un golpe en la parte delantera del coche y la matrícula caída como consecuencia de un fuerte golpe que le había dado el otro coche que circulaba marcha atrás en una calle de un único sentido. Además había dos testigos que les contaron a los agentes lo que había ocurrido y como el otro coche se había dado a la fuga.

Rafael P.S., había conseguido tomar nota de la matrícula del coche fugado y la policía rápidamente solicitó que una unidad le diera el alto. Tras hablar con el supuesto infractor, que admitió lo ocurrido, la policía elaboró un atestado que fue remitido al Juzgado de instrucción por un supuesto delito contra la seguridad Vial. El juicio se celebró y el acusado fue condenado a 6 meses de prisión y a pagar una multa e indemnización a Rafael P.S.

Como consecuencia del fuerte golpe Rafael necesitó casi tres meses para recuperarse de la cervicalgia que le había producido, además de tener que seguir un tratamiento de calmantes para los fuertes dolores que sufría. Gracias a mi intervención consiguió una indemnización de 6.000 €, además de que el infractor fuera condenado.

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2.- Puntos de indemnización

Beatriz G. B. tuvo un accidente de circulación a principios de año. Se dirigía a su casa cuando, de repente, apareció un vehículo por su derecha a gran velocidad. No pudo evitar el impacto. Por fortuna, sólo se hizo daño en su rodilla izquierda.

Después de llamar a la policía se aclaró el suceso. La conductora del otro vehículo era una chica joven, con el carné de conducir recién obtenido, que se confundió de pedal frente a una señal de ceda el paso. Sin saber cómo, aceleró en vez de frenar y se empotró contra el vehículo de mi defendida.

Siguiendo mi consejo, Beatriz G. B. no presentó denuncia contra la otra conductora, y la Fiscalía estimó que no había elementos delictivos en su conducta. Por lo tanto, habiendo descartado la responsabilidad penal, sólo quedaba por esclarecer la indemnización que se le debía a Beatriz G. B.

Como el nivel de vida y el valor de la moneda cambian continuamente, todos los años se actualizan por ley los baremos que contienen los puntos a los que antes hice referencia. Los baremos del año anterior se siguen aplicando al comienzo del año entrante, hasta la aprobación de los nuevos. Por eso la indemnización por accidente de tráfico en 2014 continúa rigiendo al principio de 2015.

En la práctica lo usual es que exista un periodo de negociaciones entre la aseguradora del responsable y el abogado del perjudicado. Si no alcanzan un acuerdo acerca de la indemnización, el conflicto se resolverá ante los tribunales del orden civil.

Los puntos de Beatriz G. B.

Como sólo experimentó una leve reducción en la capacidad flexible de su rodilla izquierda, se le estimaron 3 puntos de lesión. El baremo establece varios tramos de edad. Los 3 puntos multiplicados por la cantidad correspondiente a sus 29 años reflejaban 2.500 €.

Como la ley también tiene en cuenta los ingresos anuales de la víctima para calcular la indemnización, a esa cantidad había que sumarle el 20%. Eso hacía, de momento, un total de3.000 €.

Además de sus rentas anuales, existen otros factores de corrección que sirven para ajustar la indemnización a la realidad del perjudicado. Por suerte para Beatriz G. B. no se aplicaban en su caso: adaptación de la vivienda o el vehículo, pérdida de un feto, necesidad de ayuda de otra persona, incapacidad, etc…

A lo que sí tenía derecho era al reembolso de los gastos médicos y farmacéuticos. Los 5 días que estuvo hospitalizada y los 25 en los que no pudo ir a trabajar se valoraron en 1.800 €.Como aquí también se aplica un incremento del 20 % por sus ingresos, suponían 2.160 €.

Sumando todas las cantidades, Beatriz G. B. recibió 5.160€ (sin perjuicio de la prestación por incapacidad temporal que su Mutua le abonó teniendo en cuenta los días de baja laboral).

No he dicho que la reclamación acabó en juicio; el acuerdo con la aseguradora no fue posible (mis reuniones fueron con un nuevo representante, que seguramente quería demostrar su valía) y presenté demanda ante el Juzgado de Primera Instancia. El procedimiento no presentó mayores complicaciones.

Como mi cliente recibió el cobro de la indemnización en el plazo señalado por el Juez en la sentencia, la cantidad no devengó intereses por la indemnización del accidente de tráfico.

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3.- Diferencia de baremos

Mi cliente Antonio FG, acudió a mi despacho de abogado de accidente de tráfico buscando como obtener la mejor asistencia legal para su caso consistente en obtener una indemnización por accidente de tráfico debido a las lesiones que sufrió en el mismo.

El día 24 de noviembre de 2011 mi cliente Antonio FG sufrió un accidente de circulación cuando conducía el vehículo de su propiedad, al recibir un impacto lateral en una intersección interurbana que comunicaba con una finca de su propiedad.

Ante el suceso y las trabas planteadas por la otra parte se acudió a vía judicial y tras el reconocimiento de falta de responsabilidad penal, acudí junto a mi cliente, a la vía civil mediante la cual se  condenó a la entidad demandada a abonar al actor la cantidad reclamada más el 20% de recargo a que se refiere el artículo 20 de la L. de Contrato de Seguro.

Contra dicha sentencia se interpuso por parte de la aseguradora recurso de apelación que fue admitido y, sustanciada la alzada, se decidió en segunda instancia que se debía revocar en parte dicha sentencia recurrida; pero estimando parcialmente la demanda formulada  por mi cliente se imponía a la compañía aseguradora demandada a satisfacer al actor la cantidad21.510 Euros más sus intereses legales devengados conforme al artículo 921 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Ante la creencia de que se estaban dañando los derechos de mi representado y con acuerdo del mismo, decidí agotar la vía judicial y, por lo tanto, formalizar recurso de casación obteniendo finalmente una indemnización de 21.510 junto a un incremento en el veinte por ciento (20%) de intereses especiales de demora, desde la fecha en que se produjo el retraso tras la primera comunicación a la demandada.

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